La libertad de expresión en Internet es un asunto de mil aristas, en
particular en nuestra amada Venezuela. Recientemente el Secretario de
Estado norteamericano, John Kerry,
denunció supuestas restricciones al acceso a Internet y el bloqueo de sitios web por parte del gobierno en Venezuela con el supuesto fin de reprimir las manifestaciones opositoras.
Las palabras de Kerry han tenido muchísima repercusión fuera de nuestro
país, pero no aquí. No hay miles de personas con carteles exigiendo que
se libere el Internet, no hay grafitis en las calles acusando a Maduro
de censurar Twitter. Nadie en Venezuela se toma en serio la denuncia.
Los opositores venezolanos saben que Internet y las redes sociales más
bien han servido para todo lo contrario: como mecanismo propagandístico y
de convocatoria de la oposición, y de amedrentamiento contra el
chavismo. Y los chavistas más bien estamos preocupados por los terribles
excesos que encontramos en dichas redes sociales, donde llaman a
atentar contra la integridad física de numerosos compatriotas y sus
familias. Más bien, lo que nos molesta es que las palabras de Kerry y
otros políticos estadounidenses estén desviando el debate hacia donde no
es.
Y es que, al margen de lo que usted pueda pensar sobre Maduro o las redes sociales, esta es una verdad incontrovertible:
NUNCA en la historia de nuestro país,
había ocurrido que empresas privadas radicadas en el exterior,
ofrecieran productos y servicios a MILLONES de venezolanas y venezolanos
sin que hubiera regulación estatal alguna sobre dichas empresas.
Entendamos el peligro de esto:
- Cuando McDonald's quiso establecerse en Venezuela, tuvo que cumplir
una serie de pasos legales con el estado venezolano para que éste
verificara la calidad de sus alimentos, la sanidad de sus locales y los
derechos laborales de sus trabajadores; que se paguen los impuestos
respectivos, y que se cumplan con las regulaciones de alcaldías y
gobernaciones. Sí, las hamburguesas de McDonald's son un pésimo
alimento, pero sin un Estado que las regule sería aún peor.
- Para que Monsanto pueda ofrecer semillas y productos en Venezuela,
éstos tienen que cumplir con diferentes leyes y regulaciones. Si las
mismas no existieran, Monsanto nos llenarían de semillas transgénicas y
sus abogados pondrían de rodillas aquellos campesinos que se nieguen a
usarlas, como lo hacen en Estados Unidos y Europa.
- El día que Ford, Chevrolet o Toyota quisieron vender automóviles en
nuestro país, tuvieron que cumplir diferentes leyes y regulaciones que
aseguraron que los vehículos no vayan a dañar a las personas, que se
cumplan las regulaciones ambientales sobre emisiones de gases tóxicos y
similares, que los cauchos sean de buena calidad (¿recuerdan los
problemas con las Ford Explorer y los cauchos Firestone?), que sean
compatibles con el combustible vendido en Venezuela, que ofrezcan
garantías de soporte y servicio, etcétera.
- Si una empresa extranjera compra un periódico, una radio o una
televisora venezolana, la misma tiene que ceñirse a una serie de
regulaciones. La libertad no es absoluta: un medio no puede ser usado
para fomentar la realización de delitos, para llamar a derrocar un
gobierno o para promover el terrorismo.
- Diferentes bancos venezolanos son propiedad de empresas extranjeras
(Provincial, Bancaribe). Eso no evita que estén fuertemente reguladas
por el Estado a través de entes como Sudeban o Fogade.
- La empresa de telefonía Movistar es propiedad de una transnacional
europea, y sin embargo tiene que cumplir todas las regulaciones que la
Ley de Telecomunicaciones le impone.
El punto es:
toda empresa extranjera que venda bienes o preste servicios a venezolanos tienen que cumplir nuestras leyes. Tienen
que ser inspeccionadas y reguladas por el Estado, para asegurarnos de
que no nos estén haciendo daño, de que no nos ofrezcan productos de
pésima calidad o servicios deficientes. Es cierto que los entes
reguladores dejan mucho qué desear, pero definitivamente es mejor que
estén allí, a que no estén.
Pero no hay absolutamente
ninguna ley venezolana que pueda
regular a las empresas de redes sociales estadounidenses. Facebook,
Twitter y Google son empresas con fines de lucro que ofrecen productos y
servicios a no menos de 10 millones de personas en Venezuela, pero no
tienen que rendir cuentas a nadie en este país. De hecho, ni siquiera
están establecidas aquí.
Y es un asunto delicado. Millones de venezolanos "confiamos" en los
dueños y trabajadores de Twitter, Google y Facebook, suministrándoles
permanentemente nuestros datos personales, nuestra ubicación durante las
24 horas del día, las fotos de nuestros hijos, todos nuestros
contactos, nuestra rutina diaria y nuestros secretos, tanto personales
como laborales.
Pero en este artículo queremos ahondar en otro problema gravísimo con
las redes sociales, que se profundizó durante las protestas llamadas "La
Salida": y ese problema es,
el irrespeto a nuestro derecho a la paz. Como
usuarios de las redes sociales, queremos confiar en que lo que
aparecerá en ellas respetará normas de convivencia básicas y elementales
en cualquier país del mundo: no permitir mensajes llamando a la
violencia, ni a cometer delitos, ni a asesinar gente, ni haciendo
amenazas, ni divulgando nuestra información privada, mucho menos si esa
información es usada para amedrentar.
Además, tampoco queremos que las redes sociales se usen para perturbar
nuestra vida cotidiana, causar daños a nuestra comunidad o arriesgar la
vida de terceros. No estamos pidiendo nada especial: sólo queremos que
empresas como Google, Facebook y Twitter (entre otras)
respeten nuestras leyes, nuestras normas de convivencia y nuestro sistema judicial de la misma manera que ellos respetan las leyes de Estados Unidos, Inglaterra y otros países.
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Ni Google, Facebook o Twitter tienen oficinas en
Venezuela. |
El problema es que esas empresas operan de forma extraterritorial.
No hay oficinas de Twitter, Facebook o Google en Venezuela
(y ojo: "Twitven" no es una filial de Twitter). Sus oficinas,
trabajadores y los grandes computadores que almacenan toda la
información de esas empresas se hallan en Estados Unidos y otros países
del mundo. Por ende, no hay forma de citar a sus dueños, multarlos, o
exigirles que cumplan nuestras leyes. La otra medida que podría tomar
Venezuela es
bloquearlos: una medida totalmente antipopular y fácilmente evadible.
Pero Estados Unidos ni siquiera nos quiere permitir debatir entre
nosotros sobre esta cuestión: nos tiene ocupados poniéndonos
permanentemente
a la defensiva, desgastando nuestros esfuerzos comunicacionales para demostrarle al mundo lo que cualquier venezolano sabe:
que aquí no se censura el Internet.
Este artículo lo queremos dividir en tres partes:
- Mostrar que Internet en Venezuela, lejos de estar bloqueado, ha sido
usado por la oposición venezolana para convocar manifestaciones
violentas y de carácter anticonstitucional, que no serían permitidas en
ninguna parte del mundo. Algo que no se permite en otros países (y lo
demostraremos con ejemplos).
- Mostrar que la oposición ha usado Internet de formas absolutamente
contrarias al espíritu de la libertad de expresión, usándolo para
amenazar a individualidades del chavismo, divulgar sus datos personales y
poner en peligro sus vidas y su integridad, lo que además viola las
leyes venezolanas e internacionales, con poca anuencia de empresas que
manejan redes sociales (Twitter, Facebook y otras) a la hora de procesar
denuncias de amenazas, amedrentamientos y publicación de información
personal.
- Mostrar que algunos países, como Brasil, han intentado hacer algo al
respecto ante problemas similares, y sugerir humildemente a nuestros
políticos y parlamentarios que unan esfuerzos con Brasil y otros países
de UNASUR, CELAC y el Alba, para que podamos, todos juntos, plantarle
cara a las empresas estadounidenses de redes sociales y podamos
exigirles como un todo que respeten a nuestros ciudadanos y cumplan
nuestras leyes.
Internet como forma de convocar "La Salida"
El Sr. John Kerry alega que el gobierno venezolano supuestamente bloquea
Internet para intentar reprimir las protestas opositores. Pero todo lo
contrario, las protestas de la derecha siempre se han convocado y
esparcido a través de Internet, aún desde su primer día, no sólo a
través de cuentas oficiales de sus movimientos estudiantiles y partidos
políticos, sino con el apoyo de cuentas como las del propio Leopoldo
López (que tiene 2,8 millones de seguidores), Nelson Bocaranda (1,9
millones de seguidores), La Patilla (3,7 millones de seguidores),
Henrique Capriles (4,4 millones), Alberto Ravell (un millón de
seguidores) o Lucio Quincio (500 mil seguidores).
Veamos algunos ejemplos.
Muchas de estas protestas aparentemente eran pacíficas, pero terminaron en hechos violentos.
Pero además, hubo convocatorias no tan pacíficas:
Sin importar lo que John Kerry diga, todo venezolano sabe que estas
convocatorias a guarimbas, barricadas y protestas violentas, se han hecho a través de vía redes sociales de Internet,
de forma muy irresponsable por personas ubicadas dentro o fuera del
país que tienen cuentas con cientos de miles o hasta con millones de
seguidores. Casi todas estas convocatorias han terminado con
enfrentamientos con cuerpos de seguridad, dejando decenas de personas
heridas y hasta muertos.
En el caso de personas como Robert Alonso o el salsero Willie Colón,
quienes han participado activamente en realizar convocatorias violentas,
todos las realizan desde los Estados Unidos, usando redes sociales
establecidas en ese país. No hay registro de que algún vocero del
gobierno estadounidense o de sus cuerpos policiales hayan hecho si
quiera un llamado de atención a quienes realizan estas convocatorias
desde su propio país.
¿Permitirían esto en sus propios países?
Lo hipócrita del asunto es que países como Estados Unidos e Inglaterra
han usado todo el peso de la ley para castigar a quienes han hecho
llamados a manifestaciones violentas desde sus propios países, no sólo
bloqueando cuentas o borrando páginas, sino apresando a los
manifestantes. Además, han contado con el completo apoyo de las empresas
de redes sociales. Veamos algunos ejemplos.
Manifestaciones violentas en Inglaterra, agosto de 2011
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No, no es Chacao. Es Tottenham (Inglaterra) el 7 de agosto
de 2011. Foto: DailyMail.co.uk |
El 6 de agosto de 2011, Mark Duggan, un joven de 29 años padre de cuatro
hijos, de raza negra, fue abatido por la Policía Metropolitana de
Londres durante un tiroteo. Este hecho desencadenó una serie de
disturbios violentos en todo el país, que dejaron unas 5 personas
muertas y se extendieron por 6 días. Hubo incendios, saqueos y ataques a
los efectivos policiales en todo el país.
Los medios de comunicación y el gobierno londinense indicaron que las
protestas se esparcieron con mucha rapidez gracias al uso de redes
sociales, fundamentalmente la mensajería de Blackberry, pero también
"por culpa" de Facebook y Twitter.
Pocos días después de terminar los disturbios, el 16 de agosto, se conoció que "dos hombres han sido condenados a
cuatro años de cárcel
este martes por incitar a las protestas y a la violencia en las redes
sociales, tras las revueltas que sacudieron el país la semana pasada",
señala una noticia de AFP.
"Jordan Blackshaw, de 20 años, creó un evento en Facebook titulado
'Destruir la ciudad de Northwich' (noroeste de Inglaterra). Según el
fiscal Martin McRobb, la página fue creada el pasado 9 de agosto. El
segundo acusado, Perry Sutcliffe-Keenan, de 22 años, incitó a una
protesta en su barrio de Warrington (noroeste), abriendo una página en
Facebook llamada 'Organicemos una revuelta'. Los dos jóvenes han
'utilizado Facebook para organizar y orquestar graves revueltas', ha
declarado el fiscal frente al tribunal de Chester, al noroeste de
Inglaterra".
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Jordan Blackshaw, a la izquierda, y Perry Sutcliffe-Keenan fueron condenados
a 4 años de cárcel por llamar a manifestaciones violentas desde Facebook.
La empresa cerró las páginas creadas por ellos a solicitud de la policía local. |
Señaló el fiscal McRobb que "la policía reaccionó 'rápidamente para
cerrar las páginas web y
asegurarse que nadie participara en estos eventos organizados. De todas
formas, estos mensajes han provocado un pánico considerable y un
sentimiento de revuelta en varios barrios', afirma".
David Cameron, primer ministro británico, alabó la rápida sentencia,
tomada apenas una semana después de finalizados los disturbios.
Indicó, según el diario Daily Mail,
que el juez envió un mensaje muy claro de que la violencia desatada era
el camino equivocado, y apoyó que los jóvenes fueran condenados a pesar
de que sus planes hubieran llegado a nada.
"Pienso que
es correcto que permitamos a los tribunales tomar este tipo de decisiones en sus sentencias",
dijo Cameron.
"Ellos decidieron emitir una sentencia dura y enviar un mensaje fuerte.
Pienso que es correcto que los tribunales puedan hacer eso. Lo que pasó
en nuestras calles fue un comportamiento absolutamente horroroso, y el
enviar un mensaje muy claro de que esto está mal y no será tolerado es
lo que un sistema de justicia debería estar haciendo".
Cameron llegó al extremo de proponer al Parlamento británico legislar sobre si se debía
bloquear las comunicaciones en redes sociales cuando se produzcan disturbios de este tipo, y
sugirió que quienes sean hallados culpables de promover la violencia a
través de Twitter, Facebook o similares deberían ser suspendidos
permanentemente de estas redes,
como denota este artículo de The Guardian.
Incluso señaló: "Cuando la gente usa redes sociales para la violencia,
nosotros tenemos que detenerlos. Por ello, estamos trabajando con la policía, los servicios de inteligencia y la industria para ver cuándo sería correcto
detener las comunicaciones de la gente
a través de servicios web cuando sepamos que están planeando violencia,
desórdenes y criminalidad. He preguntado a la Policía si necesitan
nuevos poderes (atribuciones)".
Dicho artículo indicó que Scotland Yard
-la policía londinense- ha realizado una serie de arrestos a quienes
habían emitido mensajes en Facebook, Twitter y mensajería de Blackberry,
llamando a la violencia.
El gobierno británico
se reunió el 25 de agosto de
ese año con ejecutivos de Facebook, Twitter y RIM (Blackberry) para
analizar los disturbios y el uso de las redes sociales en su promoción.
Facebook calificó la reunión de "positiva" y adelantó que ya había
tomado pasos para agilizar la eliminación de material en su red social
que hiciera llamados a la violencia o fuera ofensivo.
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Patrick Spence, director regional de RIM
(Blackberry) en 2011: "Estamos cooperando
con el Ministerio del Interior de Reino Unido" |
Durante las manifestaciones, la empresa Blackberry también se había
comunicado con la policía británica para cooperar en brindar información
sobre las personas que estaban enviando mensajes promoviendo
disturbios.
"¡Tremendos sapos!", dirían en Venezuela. El 8 de agosto,
The Guardian informó que Patrick Spence, director regional de mercadeo de
Research in Motion
(RIM, entonces dueños de Blackberry), confirmó que la empresa "había
contactado a la policía para ayudar con la investigación". Señaló que
"nos solidarizamos con quienes se vieron impactados por los disturbios
en Londres. Hemos contactado a las autoridades para ayudarles en todo lo
que podamos".
Indicó que RIM cumple con las leyes británicas para interceptar comunicaciones y que están cooperando con el Ministerio del Interior (
Home Office) del Reino Unido.
No puedo imaginar lo que pasaría en Venezuela si la empresa Blackberry
declarara que está cooperando con el ministro de Relaciones Interiores,
Miguel Rodríguez Torres... posiblemente veríamos montañas de teléfonos
Q5 y Z10 siendo incendiadas en Altamira.
Aún cuando diferentes organizaciones y movimientos sociales se quejaron
por las afirmaciones de Cameron, no hubo acusaciones de parte de otros
gobiernos -mucho menos de EEUU- de que Gran Bretaña estuviese
considerando censurar Internet. Tal parece que el cierre de cuentas de
Facebook y el arresto de quienes convocan a manifestaciones violentas
está bien si se hace en Inglaterra, pero está mal si ocurre en
Venezuela.
Delatar los movimientos de cuerpos policiales es delito en otros países
En Estados Unidos, el revelar en las redes sociales los movimientos de
los cuerpos de seguridad cuando van a controlar manifestaciones ha sido
severamente castigado, aún cuando es algo normal en Venezuela. En
octubre de 2009,
Elliot
Madison y Michael Wallschlaeger fueron arrestados luego de que
revelaran vía Twitter los movimientos de los cuerpos policiales que reprimían a los manifestantes que protestaban contra la Cumbre del G-20, que se efectuaba ese año en Pittsburg.
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Más de 200 manifestantes fueron arrestados
en la cumbre del G-20. Foto: Tim Ireland/PA |
Según la policía, ambas personas usaron mensajes de Twitter para
contactar a los manifestantes en la cumbre e informarles de los
movimientos de los cuerpos policiales "que efectuaban acciones para el
cumplimiento de la ley". El lugar donde se encontraba Madison fue
allanado, hallándose laptops y radios de banda ciudadana en las cuales
escuchaban los mensajes de los cuerpos policiales, que en dicho país es
considerado información pública. Luego,
su casa fue allanada en una operación que duró 16 horas. Madison fue puesto en libertad bajo fianza,
teniendo que pagar 30 mil dólares. Aquel día, también fueron arrestados unos 200 manifestantes por la Policía local.
Posteriormente
se reveló que la empresa Twitter había colaborado con los cuerpos policiales en la identificación de estas personas, cerrando además las cuentas usadas.
Señala un artículo del periódico Workers Vanguard:
"Twitter, en cooperación con los cuerpos policiales, cerró las cuentas
de los anarquistas, colocando una notificación de que 'fueron cerradas
por actividades extrañas'. Esta 'actividad extraña', de acuerdo a la
boleta criminal emitida en Pennsilvania, consistió en que las dos
personas 'dirigían a otros, específicamente a manifestantes de la cumbre
G-20, con el fin de evadir los arrestos después de que la policía les
dio la orden de dispersarse'".
Workers Vanguard alabó el trabajo
de ambos activistas, señalando que gracias a sus alertas cientos de
personas pudieron evitar ser detenidas por la policía local.
En Venezuela, durante los 3 meses que han durado las protestas violentas
en Venezuela, ha sido cotidiano y "normal" que manifestantes opositores
usen la red social Twitter para avisar de la inminente llegada de
cuerpos policiales y de seguridad a lugares donde se producen
desórdenes, guarimbas y barricadas. Aquí colocamos unos cuantos
ejemplos, pero se pueden encontrar cientos o hasta miles de casos.
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Incluso
periodistas opositores lo hacen desde sus cuentas oficiales, identificados
con sus nombres y apellidos... no las incluimos acá para que no se diga
que los estamos acosando o amedrentando a la prensa (ni tampoco
estaríamos de acuerdo en que se les acuse de nada), pero el punto es que
aquí se ha vuelto normal algo que en Estados Unidos es castigado
severamente.
Aclaramos que esto no lo estamos denunciando para exigir que se haga lo
mismo en Venezuela (lo último que necesitamos es que se comience a
arrestar a quien tuitée la foto de una tanqueta de la Guardia Nacional
frente a su casa). Todo lo contrario: lo denunciamos para
denotar la hipocresía del Sr. John Kerry, quien
desde su país acusa al nuestro de restringir Internet, aún cuando
Venezuela no ha llegado a los extremos de Estados Unidos para reprimir
las manifestaciones en su país. Los cuerpos policiales en Venezuela
tampoco cuentan con la colaboración de empresas como Twitter, Facebook o
Blackberry para cerrar las cuentas que delaten a los cuerpos
policiales, ni para identificar a los que usan dichas cuentas para
promover la violencia.
Llamar al Magnicidio en Twitter: Depende de si eres Obama o Maduro
Llamar al magnicidio es una acción repudiable e ilegal en la mayoría de
los países. Colombia aún no se recupera de la ola de violencia tras el
asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril
de 1948.
Estados Unidos se toma muy en serio las amenazas de muerte a su Primer
Mandatario, así sea por redes sociales: En 2013, Jarvis Britton, de 26
años,
fue condenado a un año de prisión y tres años adicionales bajo vigilancia policial, por haber dicho en Twitter que quería matar a Barack Obama. Meses antes,
otro joven, Donte Jamar Sims, de 22 años, fue sentenciado a seis meses de prisión por actos similares. En 2012, Joaquin Serrapio, de 21 años, fue
sentenciado a 3 años de libertad condicional tras haber amenazado a Obama en Facebook durante una visita a Miami. En 2010, Brian Dean Miller
fue sentenciado a 27 meses de cárcel tras amenazar a Obama de muerte en el sitio web CraigList.
Tal vez esa sea la razón por la que hoy, 11 de mayo de 2014, cuando escribí en el buscador de Twitter la frase "
kill obama"
(matar a Obama) tratando de buscar algún tuit llamando a asesinar al
primer mandatario estadounidense en las últimas 48 horas, prácticamente
no encontré ningún resultado relevante. Desconozco si la razón es el
miedo por parte de la población a enfrentarse a acciones penales, o si
es que la empresa Twitter reacciona rápidamente y borra de inmediato
tuits de este tipo.
Pero al buscar la frase "
matar a Maduro", las cosas cambian. Estos son algunos de los tuits que aparecen entre el 9 y el 11 de mayo de 2014 al poner la frase "
matar a maduro" en el buscador de Twitter.
Que personas muy jóvenes conversen sobre asesinar a nuestro Jefe de
Estado de forma tan trivial, es un asunto para preocuparnos por partida
doble: por un lado, preguntarnos por qué estos jóvenes hablan de esa
manera sobre un tema tan grave y delicado, y por el otro lado,
preguntarnos por qué una empresa privada de redes sociales como
Twitter, no reacciona con las amenazas de muerte a Maduro con la misma
velocidad con la que reacciona cuando se amenaza a Obama.
Haciendo búsquedas más profundas en Twitter, encontramos tuits con
imágenes aún más perniciosas contra el presidente venezolano y sus
funcionarios, algunas de ellas amenazándolos con sufrir el mismo destino
que sufrieron los entonces presidentes de Libia, Muhammad Ghadaffi, o
de Irak, Saddam Hussein. Las reproducimos a continuación para dejar
constancia de nuestros argumentos.
Es muy hipócrita que el gobierno de Estados Unidos acuse a Venezuela de
violar la libertad de expresión en Internet, cuando nuestro país más
bien permite que
se usen redes sociales establecidas en suelo estadounidense para
convocar protestas violentas que han alterado la paz de nuestro país
por 90 días, y además para amenazar de muerte y llamar a asesinar a
nuestros líderes de una forma tan clara.
Sólo por no dejar, coloqué "
kill john kerry" en el buscador de
Twitter a ver qué aparecía. Y nuevamente, no encontré ni un sólo tuit
llamando a asesinar al Secretario de Estado norteamericano. Lo que sí
encontré fue tuits enviados a John Kerry desde Ucrania, de niños
pidiéndole que por favor no los maten.
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Niños ucranianos piden a John Kerry que no los mate |
España y los tuits llamando al asesinato
En Venezuela tendemos a trivializar estas amenazas de muerte, ya que
tendemos a suponer que se trata de jóvenes de 17 a 20 años, "malandritos
de teclado" que desatan sus molestias a través de las redes sociales y
que difícilmente se atreverían a tomar un arma en el "mundo real" para
asesinar a alguien. Ojalá siempre sea así. Pero en otros países, como
España, estas amenazas no se toman de forma trivial.
El pasado 28 de abril de 2014, la Guardia Civil española
anunció el arresto de 21 personas por haber usado las redes sociales para enaltecer el terrorismo o promover asesinatos.
Algunos de los tuits son muy parecidos a los que estamos acostumbrados a ver en Venezuela.
En uno de los tuits que causó los arrestos, se lee:
"Vuestros muertos son nuestra alegría y nuestra diversión",
mientras se mostraba la foto del funeral de Fernando Trapero, un
guardia civil asesinado por ETA en 2007. Otro de los tuits decía:
"Lástima que ya no haya ETA para que seas la nueva Irene Villa", en
referencia a una periodista española que perdió sus dos piernas en un
atentado de esa organización. Otra persona arrestada había tuiteado: "El
próximo 13 de mayo sería el cumpleaños de Miguel Ángel Blanco, pero
oooh ETA le metió dos tiros en la chola #quesejoda #pudrete". Blanco era
un concejal del Partido Popular, asesinado en 1997.
En Venezuela, desafortunadamente, tuits parecidos a los anteriores se
han vuelto muy comunes. Estos son sólo algunos de los que hemos podido
hallar, alegrándose o apoyando la muerte de varios efectivos de la
Policía Nacional Bolivariana (PNB), de la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB) o el reciente asesinato del concejal y presidente del Concejo
Municipal de Caracas, Eliécer Otaiza.
Otro comentario publicado en la red social Twitter, de otra de las 21
personas que fue arrestada en España, decía: "Lo mejor que nos podría
ocurrir es la vuelta de ETA a las armas y posterior
eliminación del Partido Popular a base de bombas y tiros en la nuca". Parecido a esto:
Incluso se ha llegado en Venezuela a los extremos de publicar esquemas
de los vehículos blindados y tanquetas usadas por la Guardia Nacional
Bolivariana, indicando dónde lanzar las bombas molotovs contra ellas
para causarles el mayor daño posible, poniendo en peligro la vida de sus
ocupantes.
Es de notar que estas tanquetas sólo lanzan gases lacrimógenos y la GNB
tiene estrictas órdenes de usar únicamente armamento no letal. Los
poquísimos casos donde esta orden ha sido desobedecida han sido
castigados contundentemente.
Con esto, no estamos sugiriendo que se tomen en Venezuela medidas
similares a las que toman España, Estados Unidos o Inglaterra contra sus
ciudadanos (aunque sí sería interesante abrir la discusión sobre estos
temas). Nuestra principal intención es denotar la hipocresía de las
potencias y de quienes alegan que en Venezuela se está censurando las
redes sociales y el Internet, cuando en realidad pasa todo lo contrario:
encontramos personas haciendo llamados a través de Twitter y Facebook
que serían absolutamente inaceptables en países como Estados Unidos,
Inglaterra o España, y que acarrearían prisión de inmediato a quienes lo
hagan.
Dar direcciones y datos privados de chavistas y llamar a atacarlos
Tal vez una de las acciones más reprochables que ha cometido la
oposición abusando de su libertad de expresión en las redes sociales, es
el uso de cuentas con una gran cantidad de seguidores para esparcir
información sobre personas que apoyan al proceso revolucionario y viven
en zonas de clase media, con el objetivo de amedrentarlos y evitar que
denuncien los hechos delictivos que la oposición violenta realiza en la
zona. Es algo que se ha hecho incluso con periodistas de medios
públicos, y donde no ha habido solidaridad de ninguno de los organismos
gremiales que responden inmediatamente cuando un periodista opositor es
atacado.
Uno de los casos más repudiables de intimidación ocurrió el pasado 26 de
abril, cuando un grupo de adolescentes y jóvenes guarimberos intentaron
bloquear de forma violenta la autopista Prados del Este, en el sureste
de Caracas, casi todos preparados con bombas molotovs y otros artilugios
para enfrentar a la policía. La Guardia Nacional Bolivariana los
interceptó a tiempo, y los jóvenes huyeron hacia el barrio El Güire,
penetrando en las casas de numerosas personas para intentar refugiarse y
evitar ser detenidos por la GNB.
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Barrio El Güire, en Santa Fe |
¿Qué haría usted si una persona desconocida irrumpe en su hogar de forma
violenta sin su consentimiento? ¿No haría cualquier cosa para sacarlo
de allí? De hecho, en la Patria de John Kerry,
la Segunda Enmienda de su Constitución permite a los estadounidenses poseer armas y existen leyes en la mayor parte del país (llamadas "
Stand your ground" en algunos lugares) que autorizan a una persona a
disparar contra quien ingrese por la fuerza a su hogar.
Varios de los habitantes de El Güire decidieron entregar los guarimberos
invasores a la GNB, o llamaron a la Guardia para pedirles que sacaran a
los guarimberos de sus casas. En total, hubo 18 detenidos ese día.
Algunos periodistas grabaron a los habitantes de El Güire con sus
cámaras GoPro; aquí en Venezuela hay fotorreporteros, casi todos ligados
a medios de oposición, quienes acuden a las guarimbas grabando todo
permanentemente con
pequeñas camaritas GoPro, creadas originalmente para grabar deportes extremos. Luego publican videos
presentándolos como héroes.
Estos periodistas subieron los videos a Youtube y a sitios como La
Patilla. De allí, gente inescrupulosa de oposición tomó las imágenes de
los habitantes de El Güire y comenzaron a difundirlas por redes sociales
con el fin de identificarlos. Algunos así lo hicieron, y comenzaron a
divulgar sus datos personales (cédula de identidad, nombre completo,
dirección de su hogar, lugar de trabajo, fotos con otras personas y
otros datos), llamándolos
"sapos": una forma muy ruda en Venezuela para referirse a los delatores, y prácticamente una sentencia de muerte en ciertos espacios.
Cientos de cuentas de Twitter participaron en la campaña mostrando fotos y datos personales de los habitantes de El Güire.
El más notorio de ellos fue el salsero Willie Colón, desde
su cuenta oficial con 2,6 millones de seguidores, y quien comenzó a
participar en esta campaña esparciendo los datos de estas y otras
personas por haber pedido a la Guardia Nacional sacar a jóvenes
guarimberos que habían invadido sus hogares.
Compartimos dos de los tuits que emitió Willie Colón, no sin antes
indicar que él lanzó decenas de tuits aquel día. Hemos difuminado de los
tuits los los nombres, direcciones y rostros de las personas cuyos
datos fueron divulgados.
Es necesario indicar que, para el momento de escribirse este artículo (13 de mayo),
ninguno de los tuits de Willie Colón o
de otras personas publicando datos personales de los habitantes de El
Güire habían sido eliminados por la empresa Twitter, quien
paradójicamente recomienda a las personas que formulan denuncias acudir a
las autoridades locales. Pero, si las autoridades venezolanas exigen a
Twitter borrar estos mensajes, la empresa acusará al país de fomentar la
censura en Internet.
No es de extrañar que el diario El Correo del Orinoco
señale los graves problemas de convivencia desatados a partir de los ocurrido aquel 26 de abril.
Un vecino chavista, quien pidió no ser identificado y que no estaba en
su casa aquel día, señala que los daños a su hogar por la incursión de
los guarimberos le ocasionaron gastos por Bs. 30 mil, pero que sus
propios vecinos se volvieron contra él por el simple hecho de tener una
postura política distinta y criticar lo que ocurrió. "Fui la casa más
afectada y, con todo y eso, algunos de mis vecinos de años, a quienes
conozco desde que nací, y que me crié con ellos, me amenazaron; también,
a las personas que me ayudaron a reparar mi vivienda”.
“Tengo entendido que agarraron a 18 de los manifestantes, pero lo
curioso es que los mismos vecinos, mis vecinos, ahora son capaces de
amenazar de muerte a los que antes eran sus amigos”, indicó este vecino
de 40 años, todos vividos en El Güire. “Son los más radicales opositores
al Gobierno los que
hoy en día están publicando fotos y por Facebook y amenazan de muerte a sus vecinos”,
subrayó. “Antes no era así”, aseguró, y agregó que, a pesar de que
entre ellos se conocían las tendencias políticas, “se podía convivir”.
Alguien podría decir que, al atacar a Twitter y Facebook, estamos
atacando al mensajero. Pero el hecho es que, si estos hechos hubieran
ocurrido en Estados Unidos o Inglaterra, la empresa Twitter hubiera
respondido con celeridad borrando los datos personales, las amenazas y
los mensajes instigando a la violencia de unos vecinos contra otros. Ese
es el problema de fondo aquí: la empresa Twitter (y demás empresas de
redes sociales) no obedecen leyes elementales de nuestro país, y
terminan convirtiéndose en un elemento multiplicador de la agresividad y
el odio político.
Para muestra, muchos botones: esta es
una pequeña muestra de
imágenes de otros partidarios del chavismo a quienes se ha atacado desde
redes sociales como Twitter, colocando sus fotos, nombre completo,
dirección de su vivienda y otros datos personales, e instigando a
atacarlos y agredirlos.
Hemos difuminado las fotos para no revelar la información privada de estas personas. Y reiteramos: es
una pequeña muestra. Son cientos de casos. La
empresa Twitter, en la gran mayoría de los casos, sólo recomienda
contactar a "las autoridades locales" y no toma medidas, ni mucho menos
elimina los tuits o sanciona las cuentas involucradas.
¿Qué hacer?
Es importante que las y los venezolanos comencemos a discutir no sólo las bondades, sino los peligros y amenazas que las
empresas de redes sociales causan
en nuestra vida diaria. Y uno de los problemas más graves es el hecho
de que este tipo de empresas deberían estar obligadas a obedecer las
leyes venezolanas y rendir cuentas al pueblo venezolano, pero no lo
hacen por estar radicadas en otro país.
Tiene que abrirse la discusión al respecto. El objetivo no debe ser
prohibir, censurar, bloquear, pero sí exigir que nuestra vida no sea
alterada por un grupo mínimo de personas que desean escudarse en el
anonimato para decir, a través de las empresas de redes sociales, lo que
no se atreverían a decir en persona o lo que está prohibido decir en
los medios tradicionales de cualquier país del mundo.
El peligro de esta situación se demostró en Ruanda en 1994, cuando
el odio promovido a través de medios de comunicación (en ese momento la radio)
causó un genocidio que costó la vida a casi un millón de personas.
¿Habrá que esperar a que hayan muertos por las amenazas y el odio
infundido a través de cuentas en las redes sociales, para empezar a
discutir el tema?
Pues recordemos que hay tuits muy famosos, que ya han costado la vida de varias personas en nuestro país.
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Los comentarios irresponsables del periodista Nelson Bocaranda,
quien tiene casi 2 millones de seguidores en su cuenta de Twitter,
ocasionaron ataques en abril de 2013 contra centros de salud
(CDI) del Estado. |
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Los consejos del general retirado Angel Vivas sobre
la colocación de alambres o guayas atravesando avenidas
y vías públicas han costado la vida de varios motorizados
que han impactado contra ellas, siendo Elvis Durán
el caso más conocido. |
Brasil ha tenido sus discusiones sobre el tema de Internet, motivadas en
las revelaciones de Edward Snowden, de que su gobierno ha sido espiado
en numerosas ocasiones por la Agencia de Seguridad Nacional
estadounidense. Un tema que también debería preocuparnos a nosotros.
Por esa razón, el gobierno de Dilma Rousseff
discutió y aprobó el pasado mes de marzo el Marco Civil de Internet,
un conjunto de normas relacionadas con las empresas de Internet, que
busca entre otros objetivos garantizar la neutralidad de la red y el
derecho a la privacidad de las comunicaciones. Puede consultar
una traducción no oficial al español haciendo click aquí.
Hay que destacar que el Marco Civil de Internet se discutió durante
varios meses y en principio buscaba ser más radical. Por ejemplo,
inicialmente se planteó que empresas como Google, Facebook y Twitter
debían instalar centros de datos en territorio brasileño,
con el fin de almacenar la información de los habitantes de ese país en su propio territorio
y no en los Estados Unidos u otros países extranjeros. Esta hubiera
sido una excelente muestra de soberanía e independencia tecnológica,
pero dicha opción tuvo que ser desechada, al menos por ahora.
Finalmente, se aprobó el artículo 11, que dice: "En cualquier operación
de recolección, almacenamiento, protección o tratamiento de registros,
datos personales o de comunicaciones por proveedores de conexión y de
aplicaciones de internet en las que por lo menos uno de estos actos
ocurra en territorio nacional, deberá
ser obligatoriamente respetada la legislación brasilera, los derechos a
la privacidad y a la
protección de los datos personales y
al secreto de las comunicaciones privadas y de los registros. Lo
dispuesto en el artículo se aplica a los datos recolectados en
territorio nacional y al contenido de las comunicaciones en las cuales
por lo menos uno de los dos está localizado en Brasil."
En otras palabras: Brasil obliga a Twitter, Facebook y Google a cumplir
con su legislación, aún estando esas empresas radicadas en otras
naciones. Venezuela debe seguir su ejemplo.
El Marco Civil de Internet también prevé, en el artículo 12, diferentes
sanciones para las empresas que violen estas normas, que deberán
aplicarse de forma progresiva:
desde advertencias, multas, suspensión temporal de las actividades o prohibición completa del ejercicio de actividades, y
también se aplica a empresas de Internet radicadas en otros países. Es
decir: Brasil sí le da la potestad a sus tribunales de llegar al bloqueo
total a una página o servicio web como Twitter o Facebook si éste
decide, en reiteradas ocasiones, no obedecer a los tribunales
brasileños. No he escuchado quejas de ningún país al respecto.
Esta es una excelente oportunidad de unirnos como países
latinoamericanos, a través de organismos multilaterales como Unasur,
Mercosur, el Alba, Celac y otros para generar una legislación común que
confronte a las grandes transnacionales de Internet y les ponga coto.
¡Es hora de ponernos en pie y demostrarles que sí tenemos soberanía y
dignidad! No esperemos a que ocurran tragedias peores para decidir hacer
algo.