Delitos de Estado contra los ciudadanos. En el festín de la burguesía venezolana el pueblo asiste con sus muertos
La historia de los movimientos populares en la democracia liberal burguesa venezolana se ha escrito con sangre regada por los hijos de nuestro pueblo movilizado por la conquista de sus derechos y una mejor calidad de vida.
En este proceso sistemático las empresas de comunicación privadas jugaron su papel en el ejercicio de control social, unas veces guardaron sepulcral silencio y otras comercializaron la tragedia humana a través de su programación amarillista.
Amarillismo muy cuestionado en las Escuelas de comunicación de las universidades autónomas por personajes como Martha Colomina (LUZ) y Antonio Pascuali (UCV), quienes hoy en día forman parte de actores políticos de la oposición, ahora han lanzado sus críticas al modelo mediático de la cuarta república al cesto de la basura y forman parte de esa zoología jurásica y de bichitos defensora del proyecto capitalista instaurado a partir de 1958, caracterizados por nuevos rostros cuyas cuerdas son movidas por la vieja oligarquía económica y política, que tienen en su haber, la casi obra mágica de haber profundizado la injusticia, la inequidad y la exclusión de la sociedad venezolana.
La envestida contra el pueblo se visibilizó en la historia con el los acontecimientos históricos expresado en el Carupanazo y el Porteñazo, dos levantamientos militares entre las Fuerzas Armadas y la izquierda venezolana, ocurridos durante la presidencia de Rómulo Betancourt (1959-1964). El primero estalló el 4 de mayo de 1962, y el segundo el 2 de junio del mismo año, siendo bautizados así por haber sido protagonizados por el Batallón de Infantería de Marina acantonado en Carúpano y por oficiales de la Guardia Nacional, y de la Base Naval de Puerto Cabello. Más de cuatrocientas personas fueron detenidas, muchos de ellos torturados y desaparecidos. Betancourt suspendió las garantías, acusó al PCV y al MIR de estar involucrados en la sublevación y expidió el decreto número 752 suspendiendo el funcionamiento de ambos partidos en todo el territorio nacional, en una señal de talante democrático.
Pero más dramáticos fueron los sucesos del 27 y 28 de Febrero de 1989, estallido popular en repuesta al paquetazo neoliberal impuesto por Carlos Andrés Pérez, donde perdieron la vida más de 800 victimas masacradas por el ejército en las calles de Caracas. Allí se destaca el escándalo ocasionado por las fosas comunes de La Peste y el Cementerio general del sur, donde fueron enterrados compatriotas venezolanos. En este momento de convulsión social el gobierno de turno utilizó la estrategia para aniquilar a líderes revolucionarios en diversas comunidades caraqueñas. Todavía existen cadáveres sin identificar.
En el año 2009, atendiendo la voz de los familiares de las victimas, la Fiscalía General de la República imputó al general retirado de la Guardia Nacional (GN) Freddy Maya Cardona; al ex ministro de la Defensa Ítalo Del Valle Alliegro; al ex jefe del Comando Estratégico de Caracas Manuel Heinz Azpúrua y al ex director de la Policía Metropolitana (PM) general retirado de la GN José Rafael León Orsoni, por sus presuntas responsabilidades en los sucesos ocurridos entre el 27 y 28 de febrero y los primeros días de marzo de 1989.
Para el momento del 27 y 28 de Febrero, Antonio Ledezma fungía como gobernador del Distrito Federal tomando partido a favor de Carlos Andrés Pérez, como debía esperarse se sumó a la comparsa de calumnia contra la victimas del Caracazo.
Por este caso la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitaría el lunes 1 de marzo de 2010 la extradición del ex presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, quien junto a los otros cómplices podrán ser imputados por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de cómplice necesario y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales debidamente suscritos por la República.
Entre las barbaridades cometidas por los Cuerpos de seguridad del Estado enmarcado en su política de represión, tortura y desaparición de los líderes de movimientos populares revolucionarios se señala la masacre de Cantaura, ocurrida el 4 de Octubre de 1982, operación que contó con la participación de personajes como Luciano Valero, Narváez Churión, Henry López Sísco, Arpad Bango, Remberto Uzcateguí, formados en EE.UU. e Israel. Allí murieron 23 hombres y mujeres en armas contra la oligarquía gobernante.
La Masacre de Yumare, ocurrida el 8 de Mayo de 1986, en ese entonces fueron asesinadas por un Comando de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) 9 personas, en la zona La Vaca, Barlovento, cercano a la población de Yumare, del Distrito Bolívar, en el estado Yaracuy. El argumento esgrimido por las autoridades policiales indicaba que se trató de un "enfrentamiento armado de un grupo de la Disip con un grupo guerrillero “.
No obstante testigos de lo ocurrido señalaron “que esas personas fueron detenidas, torturadas y posteriormente ejecutadas - les colocaron ropas militares encima de su ropa civil- por funcionarios de ese organismo policial. Indicaron que estas eran luchadores sociales y promotores del ideal bolivariano. Hubo un funcionario de la Disip misteriosamente herido, Henry López Sisco.
Los ejecutados extrajudicialmente fueron: Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morao Salgado, Nelsón Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jiménez García, Simón José Romero Madriz y Alfredo Caicedo Castillo.
El ex Comisario de la Disip Henry López se encontraba presente en estas dos masacres, se le señala de estar vinculado con el grupo terrorista del cubano Posada Carriles, fugado de las cárceles venezolanas por ser el autor intelectual de la voladura del avión de Cubana de Aviación.
López Sisco, hasta hace poco, se desempeño como el asesor de seguridad de Manuel Rosales, prófugo de la justicia por delitos comunes, protegido por la oligarquía peruana. Este comisario también fue imputado por la sobres bombas en la Corte suprema de justicia y el coche bomba del CCCT en Caracas.
La violación de los derechos humanos se profundizo con la estrategia global desde el Estado liberal burgués condensada por “la conquista del Sur” desarrollada por el presidente Rafael Caldera durante su primera gestión,
“La Conquista del sur”, constituyó una respuesta del Estado venezolano a la estratégica a la "Operación Amazonas" del gobierno brasileño, con el pretexto de dar apertura hacia la selva para dar paso a carreteras, creación de poblados, explotación minera e incentivo de plantaciones en zonas selváticas. La Conquista del sur terminó transformándose en una acto mediante el cual el gobierno venezolano en representación de las clases dominantes promovió la ocupación de territorios de las comunidades indígenas ancestrales para adjudicárselas a los ganaderos, los pueblos indígenas originarios fueron expulsados de sus ancestrales tierras.
Los miembros de esas comunidades terminaron muriendo de menguas en las plazas del estado Bolívar, Amazona Zulia y Apure. Despojo y genocidio programado por el Estado venezolano burgués para favorecer para la acumulación de los terratenientes.
A 20 años de la masacre del Amparo, que ocurrió una mañana del 29 de octubre de 1988 cuando un grupo de 16 personas habitantes del poblado fronterizo El Amparo del estado Apure decidieron trasladarse a un lugar en las riberas del río Arauca para preparar un almuerzo a orillas del río, fueron interceptado por el Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP) entre ellos el General (ej) Humberto Camejo Arias, el Coronel (ej) Enrique José Vivas Quintero y el Jefe Nacional de Operaciones de la Disip Henry López Sisco, acantonado en la zona.
El equipo de gobierno de la época encabezado por el Presidente Jaime Lusinchi y los ministros Italo del Valle Alliegro (Defensa), Simón Alberto Consalvi (Interior), y Carlos Croes (Jefe de la Oficina Central de Información y ahora dueño del Semanario Quinto Día) se encargó de organizar una intensa campaña publicitaria para presentar a las víctimas como “guerrilleros colombianos”.
Fueron asesinadas las siguientes personas: José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torralba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado. Sobrevivieron: Wollmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias.
El desarrollo de la investigación logró demostrar que las victimas no eran guerrilleros sino pescadores de la zona, la justicia vino de afuera, la Corte Interamericana dictó sentencia el 18 de enero de 1995.
De las victimas pertenecientes al movimiento estudiantil revolucionario recuerdo a José Ferrer, joven nacido en Acarigua, estado Portuguesa, dirigente juvenil de la Liga Socialista, egresado de la Escuela Técnica Industrial Acarigua-Araure a finales de la década del setenta, cursaba estudios en la Universidad de Carabobo, miembro del Claustro, fue asesinado en Valencia por los cuerpos de seguridad del Estado, no hubo culpables, reinó la impunidad. Doy testimonio era mi amigo, lo despedí un domingo en su casa y lo despedí la semana siguiente en un ataúd.
José Guedez, joven militante de la Juventud Comunista de Venezuela, realizó trabajo internacionalista en Nicaragua en la campaña de lucha contra el analfabetismo luego del triunfo de la revolución sandinista, a finales de los ochenta, retorna al país y desapareció sin dejar rastro.
Dos casos emblemáticos de delitos del Estado contra los ciudadanos lo constituye el involucramiento de dos ex dirigentes de la Juventud Comunista de Venezuela: Manuel José Martínez y Carlos Partidas con el secuestro de Diego Antonio Sigala. Detenidos y torturados por los cuerpos de seguridad durante el segundo gobierno de Rafael Caldera. Fueron sentenciados y purgaron condena sin que se aclararan los hechos. Eduardo Peña La Cruz imputado por el mismo caso fue borrado de la faz de la tierra, sus familiares lo buscan en la actualidad
Un relato mas detallado de este caso, puede ser leído en La Guerra Nuestra de José Roberto Duque, publicados en abril de 2005, en la crónica titulada: La historia semioculta de un caso conocido, elaborada a partir de los archivos y documentos oficiales.
Investigaciones posteriores dan viso que el secuestro de Diego Antonio Sigala obedeció a un escarmiento que el gobierno de Rafael Caldera planificó contra la familia Sigala, en virtud de la presión que estaban realizando a través de los medios de comunicación por la explosión del gasoducto en Tejerías (1993) donde murieron 53 personas y heridas más de 70, entre ellas un hermano de Diego
Estos hechos contrastan con los llamados presos políticos de la oposición todos imputados por delitos comunes con la excepción de los involucrados con los sucesos del 11, 12 y 13 de abril por violación de los derechos humanos, dado que al momento de los delitos eran funcionarios policiales.
(*)Sociólogo, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela
radicallibrerojo@yahoo.es
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